viernes, 20 de abril de 2018

PROPUESTAS PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN


La comisión presidencial para infancia invitó a la ciudadanía a enviar sus propuestas. Comparto aquí el documento que envié, basado en numerosas conversaciones, visitas a residencias y programas, clases, lecturas y mi experiencia profesional.


Francisco Estrada V.[1]
Director Ejecutivo Corporación INFAJUS




"Introducción
Sobre el diagnóstico de la crisis del sistema proteccional me he referido largamente en el capítulo “Nudos problemáticos de la oferta programática” en un libro publicado el mes pasado, por lo que me remito a él para fundar las propuestas que aquí se formulan.[2]
Sin embargo, hay al menos 3 consideraciones generales que creo necesario someter a su consideración.
1. La ausencia de datos y estudios que documenten con precisión la crisis. Pese a la atención mediática, a las numerosas declaraciones ministeriales, a dos informes de comisiones investigadoras no existe en la actualidad ningún estudio de flujo del sistema proteccional con datos cruzados desde el poder judicial, Sename y las instituciones colaboradoras. Un abordaje serio y de largo plazo exige construir la información de la que hoy carecemos.
2. La ausencia de normativa -legal o reglamentaria- que construya derechos de niños y niñas internados, ni siquiera en los proyectos en curso presentados por la anterior administración.
Como anotamos en la publicación citada, la implementación de la Ley Nº 20.084 significo la dictación de un reglamento (el DS Nº 1378 de 13 de diciembre de 2006) que derogó en su art. 161 el existente hasta entonces, llamado Reglamento de Casas de Menores (DS N° 730, de 3 de diciembre de 1996), que regulaba todos los tipos de instituciones donde eran atendidos niños, sin distinción si eran infractores o en protección. Se esperaba luego dictar un reglamento para los centros y residencias de protección, pero el cambio de autoridades hizo caer en el olvido esa tarea. Hoy, entonces, no existe un reglamento que establezca derechos y obligaciones, configure potestades, imponga controles, etc. Sólo existen las Orientaciones técnicas de Sename y sus dictámenes y circulares. Creemos urgente se discuta un texto y en la Mesa Técnica de Infancia de la Fundación San Carlos hemos preparado incluso un borrador para ese efecto
3. El carácter sistémico institucional de la crisis. Aun cuando Sename concentra la responsabilidad y la atención mediática, hay otros actores institucionales cuyo deficiente desempeño juega un rol principal en la situación actual."


 Link al documento completo AQUÍ.




[1] Licenciado en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, Universidad Diego Portales. Ex Director Nacional del Servicio Nacional de Menores. Correspondencia por este trabajo a: franciscojestrada@gmail.com
[2] Estrada, Francisco, 2018: “Nudos críticos de la oferta programática de SENAME” en Alzola, Javiera, Arzola, María Elena, Bown, Carol et al. La infancia vulnerada. Santiago: Ediciones Libertad y Desarrollo y Fundación Miguel Kast, pp. 130-155.

martes, 17 de abril de 2018

CONTRALORIA: INFORME FINAL AUDITORIA AL PROGRAMA AGCAR


Conclusiones:

Si bien el programa ASCAR contó con la respectiva disposición de fondos y habilitación para contratar personas para la ejecución del mismo, éste no fue sancionado a través de un acto administrativo previo a su ejecución, en el cual se estableciera su justificación, lineamientos estratégicos, objetivos, cobertura, metas e indicadores, que permitieran su posterior control y evaluación.
La institución deberá sancionar a través del respectivo acto administrativo la creación de cada nuevo programa, previo a su ejecución, en el cual se señale su justificación, lineamientos estratégicos, objetivos, cobertura, metas e indicadores, lo cual permita su posterior control y evaluación.
La información proporcionada por la entidad da cuenta del levantamiento de información recogida de las visitas efectuadas a distintas residencias del SENAME, del reporte de actividades realizadas por los equipos de trabajo del programa, y de la emisión de manuales, guías prácticas e informes sobre las condiciones de infraestructura, entre otros. Pero el no haber definido formalmente los objetivos, cobertura, metas e indicadores del programa, no permite determinar que los productos y reportes generados al amparo del mismo, hayan significado un aporte concreto al SENAME para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes que ingresan a esa institución.
Se hace presente que tampoco se advierte que sus resultados se hayan traducido en una política pública sobre la materia, cuestión que atañe a las funciones que compete desarrollar a esa cartera de Estado.
La Subsecretaría de Justicia individualizó en su respuesta productos que se enmarcarían en los gastos autorizados en las leyes de presupuesto mencionadas,
sin embargo, éstos corresponden a tareas generales que, en su mayoría, dicen
relación con funciones propias del servicio, o bien, de actividades respecto de las cuales no se vislumbra su relación con el "Programa Fiscalización Centros de Menores".
La repartición deberá velar para que todo programa que ejecute cuente con indicadores que permitan verificar su cumplimento.
Se destinaron recursos del programa en análisis ascendentes a $.95.147.314, para la implementación de un sistema informático, el que debía permitir intercambiar información con sistemas pertenecientes a otras instituciones relacionadas, característica que no se concretó, siendo en la ·actualidad un repositorio con información desactualizada.
La subsecretaría deberá vigilar que el diseño e implementación de nuevas iniciativas de software, cumplan con la totalidad de los objetivos para los cuales
fueron creados, existiendo una planificación y coordinación con los distintos actores que pudiesen intervenir.
Los gastos ejecutados por concepto de honorarios con cargo al programa ascendieron a$ 3.145.657.815, revisándose una muestra de$ 1.387.314.623, de la cual se determinó, en lo principal, lo siguiente:
Pagos por $ 341 .403:849, respecto de las cuales sus contratos o labores ejecutadas no decían relación con las funciones del "Programa Fiscalización Centros de Menores", por lo cual el servicio deberá adoptar las medidas tendientes a que las labores asignadas al personal contratado para la ejecución
de una iniciativa, guarden directa relación con los objetivos del mismo, y den cumplimiento con ello al fin para el cual fueron asignados los recursos mediante la ley de presupuestos:
Pagos por $ 25.801 .738, sobre los cuales no consta la entrega de los productos establecidos en los contratos, por lo que la subsecretaría deberá exigir y mantener los antecedentes de respaldo, que acrediten el trabajo realizado por el personal contratado a honorarios.
Pagos por$ 33.227.795, respecto de los cuales no fue acreditada la competencia o habilidades para ejecutar la función contratada, razón por la cual la repartición deberá velar para que las personas contrataciones cuenten con la debida acreditación de las competencias requeridas.
La Subsecretaría de Justicia no acogió las recomendaciones efectuadas por la Unidad de Auditoría Interna en el año 2014, en cuanto a instruir una investigación sumaria, a fin de determinar las posibles responsabilidades administrativas por pagos de honorarios con cargo al programa, no relacionados con el mismo.
La repartición deberá instruir una investigación sumarial de acuerdo a lo comprometido en su respuesta al preinforme de observaciones, adjuntando en el plazo de 15 días hábiles, a contar de la recepción de este documento, la resolución que inicie dicho proceso y nombre al fiscal respectivo.
Dadas las observaciones planteadas en este informe, esta Entidad de Fiscalización iniciará un proceso sumarial en esa Subsecretaría de Justicia, en conformidad a lo establecido en el artículo 133, de la ley Nº 10.336, sobre Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que puedan comprometer a los funcionarios involucrados.

LINK al Informe aquí

lunes, 16 de abril de 2018

Cartas de apoyo a Mónica Jeldres para Defensoría de la Niñez

Apoyo a jueza Mónica Jeldres


Señor Director:

En los últimos años, nuestra sociedad ha constatado la extensa crisis de protección de derechos de la infancia más vulnerada del país. La profundidad del problema y sus complejidades han sido materia de diversos informes y diagnósticos, que dan cuenta de los dramáticos episodios vividos por niños y niñas al cuidado del Estado.

Recientemente, el Gobierno ha convocado a un acuerdo nacional en torno a la infancia, anunciando un conjunto de medidas que tienen el potencial de convertirse en avances, y que esperamos pueda enriquecerse a través del debate amplio que corresponde en el proceso legislativo. A lo anterior se suma la pronta puesta en marcha de la Defensoría de Derechos de la Niñez, organismo autónomo que tendrá por objeto la difusión, promoción y protección de los derechos de que son titulares los niños.

Es por esto que vemos con expectativa la posibilidad de que la Defensoría sea encabezada por una persona con amplia experiencia en el sistema, trabajo en terreno, conocimiento profundo de los nudos críticos en protección de la infancia más vulnerada y con voluntad de incidir para avanzar hacia un sistema nacional de protección integral desde las atribuciones y facultades de esta nueva institucionalidad.

Por su perfil, trayectoria y compromiso, quienes suscribimos sostenemos que Mónica Jeldres, jueza que ha demostrado en los hechos su preocupación por la infancia, reúne las condiciones para convertirse en la primera Defensora de los Derechos de la Niñez de Chile.

Daniela Horvitz L.;  Angie Olguín M.;  Rodrigo Moya O.; Verónica Waissbluth W.;
Neva Milicic M.; Francisco Estrada V.; Paula Alarcón B.; Edoardo Carlo Tosti;
Patricia Cordella M.; Sergio Bernales M.; Ricardo Xavier Pérez-Luco
 




Carta 2

Durante los próximos días los integrantes de la Comisión Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado de la República recibirán a los postulantes a presidir la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Se trata de una oportunidad para conocer las miradas de destacados profesionales y expertos de extensa trayectoria que han decidido aportar a la implementación de una nueva institucionalidad de gran relevancia para contribuir a la difusión, promoción y protección de niños, niñas y adolescentes en tanto sujetos de derechos, por lo que cada uno de los candidatos y candidatas merece nuestro reconocimiento, en especial en un contexto en que la temática se ha instalado como una prioridad nacional, en la que se requiere trabajar con una visión de Estado.

La Defensoría contará con facultades y atribuciones que ciertamente representan un avance para visibilizar la realidad de la infancia más vulnerada del país y actuar en consecuencia con la deuda que como sociedad mantenemos con quienes por décadas se han encontrado más abandonados. Nos referimos en particular a la niñez institucionalizada, que refleja la ausencia de un sistema nacional de protección integral con garantías que permitan hacer efectivos sus derechos y nos interpela a desafíos de fondo que se relacionan con reflexionar sobre el cuidado que debemos proveer a quienes no han tenido la oportunidad de ser cuidados y no pueden hacerlo por sí mismos. Lo anterior requiere un acercamiento multidisciplinario, constructivo y participativo, en que resultará fundamental el liderazgo de la persona llamada a conducir los primeros años de esta organización, definiendo sus principales ejes de trabajo, en el marco del mandato amplio que ha recibido por ley.

Es por esto que vemos con expectativa la posibilidad de que la Defensoría sea encabezada por una persona con amplia experiencia en el sistema, trabajo en terreno, conocimiento profundo de los nudos críticos en protección de la infancia más vulnerada y con voluntad de incidir para avanzar hacia un sistema nacional de protección integral. Que ha declarado su disposición al diálogo y una cooperación coordinada con todos los sectores políticos, organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y en especial con las instancias locales de ejecución de políticas y programas. Que además de su experiencia práctica, ha desarrollado una importante contribución legislativa en la tramitación de diversos proyectos de ley en temas de infancia y familia. Que reconoce en el contexto actual la oportunidad de instalar de una vez y para siempre un verdadero sistema nacional de protección, en base a los estándares internacionales de derechos humanos, que asegure la acción coordinada de todos los organismos del Estado y convoque a toda la sociedad a hacerse parte de una cultura del cuidado hacia la infancia.

Por su perfil, trayectoria y compromiso, quienes suscribimos –profesionales del derecho, psicología jurídica, psiquiatría infantil, académicos y representantes de organizaciones sociales ciudadanas y vinculadas a la protección de infancia, sostenemos que Mónica Jeldres, jueza que ha demostrado en los hechos su preocupación por la infancia, reúne las condiciones para convertirse en la primera Defensora de los Derechos de la Niñez de Chile.

CC: Honorables Senadores y Senadoras de la República










Senado. Selección de postulantes a Defensor de la Niñez


Hoy los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado seleccionarán a los postulantes que presentaron sus antecedentes para llenar la vacante del Defensor de la Niñez.

De esta forma, mañana martes, se procederá a entrevistar a los elegidos. Dada la importancia de la jornada, la sesión que se realizará entre las 15 y las 17 horas en el Congreso Nacional en Valparaíso, será transmitida en vivo por TvSenado.

Dicho cronograma fue acordado por los legisladores de la Comisión en la última sesión. Así el pasado miércoles escucharon a una serie de organizaciones y representantes de la sociedad civil, quienes entregaron su opinión acerca de los requisitos que debiera tener la nueva autoridad.

Imagen foto_00000022La presidenta de esta instancia, la senadora Adriana Muñoz valoró el aporte de los expositores, quienes –en términos generales- propusieron a alguien con conocimiento jurídico en materias de infancia, independiente, experto en investigación en el área y con experiencia práctica en organismos del Estado.

“Hemos escuchado a personas del mundo académico y de organizaciones de infancia. Lo importante es que nos han entregado elementos del perfil que debería tener el defensor. Los requisitos hoy están establecidos en la ley, pero siempre es bueno tener otros aspectos en consideración, de allí que las capacidades y experiencia que nos mencionaron, nos va a servir para complementar la selección”, declaró la legisladora.

Asimismo destacó que la nueva autoridad tenga dentro de sus habilidades el liderazgo, precisamente porque se trata de un nuevo cargo que sentará precedentes.

La Comisión realizó audiencias el martes 10 y el miércoles 11 de abril recibiendo a la directora del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, María Consuelo Contreras; la profesora de Derecho Civil de la Universidad de Chile, Fabiola Lathrop; la profesora de Derecho de Universidad de Chile, Ana María Moure; la directora ejecutiva de la fundación "Mi Casa", Delia Del Gatto; y el director ejecutivo de la fundación "Tierra de Esperanza", Pedro Canales.

También hicieron uso de la palabra la abogada de la Fundación Jaime Guzmán, María Teresa; el presidente de la fundación Ciudad del Niño, José Pedro Silva; la vocera de la agrupación Madres de Chile, Ximena Astorga; la vocera del Bloque por la Infancia, Nicole Romo; el gerente de incidencia del Movimiento Mundial por la Infancia, Juan Pablo Venegas; la vocera de la Red ONG de Infancia y Juventud, Nury Gajardo; y el autor del libro “Mi infierno en el Sename”, Edison Gallardo.

En términos generales todos hicieron ver la necesidad de contar con alguien que cumpla los siguientes requisitos:
-conocimiento técnico en materias de infancia
-experiencia académica (docencia e investigación) jurídica
-conocimiento derecho de infancia internacional (legislación comparada)
-experiencia en organismos públicos asociados a niñez
-conocimiento realidad territorial
-conocimiento legislativo (tramitación de proyectos de ley asociados)
-autonomía e independencia y ética
-sin militancia política
-liderazgo
-experiencia en formar equipos de trabajo
-red de contactos del área
-contar con un programa con propuestas que impulsaría de ser defensor
-contar con un plan estratégico de mediano plazo


domingo, 28 de enero de 2018

Comentarios a Borrador de Reglamento

Francisco Estrada V.
Abogado, Ex Director Nacional de SENAME, Director Ejecutivo de Corporación INFAJUS.


Comentarios Generales

1. Es un texto engañoso. Intenta trucos de magia pero se notan las cartas marcadas y los movimientos en falso. ¿Hay problemas con la salud física y mental de los niños? ¿Se plantea una política pública que enfrente este déficit? No. Se dice, en cambio, que es responsabilidad de las residencias el deber de “asegurar el máximo nivel de salud”. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? La verdad es que además del error jurídico de intentar traspasar el deber estatal a los privados, así no se construyen políticas públicas serias y de largo plazo. Solo el tamizaje que el Minsal declara haber hecho en el suena residencial el 2017 levantó una serie de cuestionamientos sin respuesta. Es impensable que sin reformas serias a distintos niveles el derecho a la salud de los niños internados seguirá siendo un serio problema en el sistema.
Otros ejemplos están en la relación directa de niños internados y sus padres y amigos o su derecho a defensa jurídica. En ambos casos no se construye una política pública sino se pretende que artilugios verbales reemplacen una dura realidad. Sin un sistema de representación jurídica bien configurado -que hoy no existe ni siquiera en la forma del piloto que hoy lleva a cabo la.Corporación de Asistencia Judicial- lo que los niños internados tendrán serán curadores ad litem que nunca conversan con los niños, no los van a ver ni se entrevistan con sus familias o con los profesionales que intervienen. Pero sin hacer nada para que esto sea la regla el Reglamento se contenta con el artículo 40 decir que si no tiene abogado el director debe pedirle al tribunal que nombre uno. Un acto de magia jurídica.

2. Es un texto ambicioso pero con poco cuidado con los medios se consigan alcanzar los fines que declara buscar.
Es cierto que regular la infraestructura es un avance. Pero la inyección de recursos que significan estas adecuaciones no parecen haber sido consideradas. El estudio del Hogar de Cristo -de donde evidentemente se tomaron muchas de las buenas ideas- estimaba un valor 8 a 10 veces el valor actual de la subvención solo para un muy definido perfil y aquí, en cambio, se pretende regular todo el sistema residencial con toda la heterogeneidad de sujetos atendidos.

3. El texto no enfrenta algunos de los principales nudos críticos del sistema. Problemas de definición de los sujetos, de coordinación entre los hogares y con los programas, la ausencia de un sistema serio y técnico de supervisión, la precariza condición laboral de los funcionarios tanto públicos (la inmensa mayoria a contrata) como los de las instituciones colaboradoras (donde las cuidadoras pueden ganar el sueldo mínimo) por mencionar aquellos aspectos que distintos informes y estudios han identificado. En vez de eso apuesta por una siente de cosmética reglamentaria.

4. Es un texto con numerosos problemas de técnica legislativa
Yo he tramitado 2 reglamentos (el de la Ley de Subvenciones y el de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente) y este es un borrador al que aún le falta mucho para ser enviado a Contraloría, a menos que se quiera que Contraloría lo llene de Observaciones.




jueves, 25 de enero de 2018

Notas a Informe de Visitas a centros residenciales del INDH

Cada publicación de un informe o estudio sobre los centros de Sename o los hogares del circuito genera un momento de ruido mediático que tiende a decrecer sin que se logren observar con claridad las persistencias o las discontinuidades en la crisis permanente que vive Sename.
El Informe del INDH tiene mucho de eso. Y también suscita una serie de preguntas que la apurada publicación no logra despejar. En esta minuta abordaremos solo algunas de ellas.

Una primera lectura, necesariamente rápida, deja una serie de preguntas sin respuestas en el texto publicado ayer en la tarde.
Un grupo de ellas se  refieren a cuestiones que podríamos denominar metodológicas, a decisiones tomadas por el equipo directivo para las que carecemos de razones de esas elecciones. Esta ausencia no es un prurito academicista sino las preguntas de quiénes llevamos años trabajando en este campo y hemos visto experiencias como esta anteriormente y suponíamos se había aprendido de los problemas antes vividos. Justamente porque hablamos de los más vulnerados esas razones son más necesarias.
No se trata, evidentemente, de disminuir las graves violaciones a los derechos humanos de los niños que el Informe levanta sino de buscar contribuir a su precisa delimitación, de entender cómo se construyo este trabajo y de exigir respuestas sobre lo que ocurrió después de terminadas las visitas.

Otro grupo de cuestiones se refiere a los resultados propiamente tales. Hay continuidades en los nudos críticos con otros reportes y hay diferencias significativas con la información oficial entregada por actuales autoridades al parlamento. En esta primera minuta no abordaremos este punto pero sí en la próxima semana.

Y un tercer grupo de cuestiones se vincula con los que ocurrió después de las visitas con las denuncias de delitos, con los requerimientos de protección y con las denuncias administrativas. Nada se informa acerca de esto y esa opacidad también carece de explicaciones.




miércoles, 29 de noviembre de 2017

ESTRADA 2017 Estándares para la defensa jurídica de niños internados



Francisco Estrada V.,
Abogado, Director Ejecutivo de INFAJUS

     El presente documento busca servir de pauta de guía, monitoreo y evaluación del trabajo de defensa jurídica de niños internados.
    Ante la histórica ausencia de este tipo de estándares en este campo, este documento es una propuesta que orientará la acción del primer período de funcionamiento del proyecto y luego irá siendo periódicamente revisado a partir de la experiencia desarrollada, a la luz de la literatura especializada y con la colaboración de actores con experticia en litigación.
    Ha sido construido con 3 documentos base y con un conjunto de otros textos complementarios. El primero, por cierto, es la versión 2003 del trabajo de la American Bar Association Section of Family Law, denominado “Standards of Practice for Lawyers Representing Children in Custody Cases.”  El segundo, los Estándares desarrollados por la Defensoría Penal Pública de Chile. El tercer documento tenido a la vista y que opera como regulación subsidiaria en lo que resulte aplicable es el Código de Ética del Colegio de Abogados deChile.
El documento recoge además de la revisión bibliográfica, la experiencia de atención a niños del autor y fue revisado y comentado por tres jueces de familia del país y dos abogados especialistas.




Documento completo en SCRIBD.COM